El IEE advierte que la inseguridad jurídica paraliza las inversiones

francisco reynes

En medio de las críticas del sector energético a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado un informe llamado “Las nuevas prácticas regulatorias”. El informe hace hincapié en que es necesario un marco regulatorio e institucional, que configure los incentivos adecuados para los diferentes agentes económicos. De esta forma, se favorecerá la asignación y acumulación de capital en proyectos de inversión rentable, productivos e innovadores.

La publicación de este informe, ha coincidido con la propuesta de retribución a eléctricas y gasistas que quiere llevar a cabo la CNMC. Según la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, esta normativa pone en riesgo el avance de la lucha contra el cambio climático, y alimenta las dudas de los inversores extranjeros en torno al sector energético español.

Por eso, los fondos de inversión que tienen presencia en el sector energético español, están intentado que la CNMC no apruebe el recorte de la retribución regulada que reciben por gestionar la red de distribución de gas.

Asimismo, diferentes compañías energéticas, han criticado a la CNMC por mala praxis al no haber realizado una consulta previa con el sector energético, sobre la nueva normativa que establecerá la retribución para diferentes actividades durante los próximos seis años.

Hasta el momento, el consejo de administración de la CNMC ha acordado una gran rebaja del recorte que había propuesto para la retribución de las distribuidoras de gas natural, como Naturgy, liderada por Francisco Reynés o Enagás, en el período regulatorio 2021-2026. El acuerdo implica que el descenso acumulado en dicho período pasaría del 18% planteado en la circular sometida a audiencia pública el pasado mes de julio al 10%.

A juicio del IEE, cuando se quebranta la seguridad jurídica se genera un entorno de incertidumbre en el que las empresas afectadas aplazan o paralizan sus decisiones de inversión, con el consiguiente impacto también en términos de empleo.

Las consecuencias negativas se dejan notar también en el lado de la financiación de estas inversiones, al aumentar la prima de riesgo exigida por los inversores y, por tanto, incrementando los costes de capital para estas empresas. De hecho, el análisis hace hincapié, en que la participación de los agentes del sector es uno de los principios básicos para lograr esta buena regulación.

“Es conveniente que las decisiones que se vayan a adoptar sean precedidas de consultas, y seguidas de un diálogo participativo, tanto a las empresas como a las organizaciones empresariales, de manera que se puedan contrastar los diferentes puntos de vista y se analicen con transparencia las consecuencias que un posible cambio regulatorio pueda tener sobre la actividad”, indica el informe.

Por este motivo, la compañía que preside Francisco Reynés, se ha reunido con la CNMC para explicarle con detalle el contenido de sus alegaciones. La compañía energética ha explicado los motivos por los que las nuevas circulares ponen en riesgo las inversiones.

“Las energéticas nos distinguimos por ser empresas con una visión a largo plazo. Nuestras inversiones son muy relevantes, nuestros entornos se consiguen a lo largo del tiempo… si no podemos generar estos marcos estables, será muy difícil que favorezcamos la inversión”, según ha afirmado Reynés en varias ocasiones.

En este contexto, IEE insta a nuestro país a apostar por un marco institucional que garantice el cumplimiento de lo que se consideran los principios de las mejores prácticas regulatorias, que se concretan en seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad. Esto no significa que las normas no puedan y deban evolucionar en el tiempo para adaptarse a las realidades de cada momento, sino que estos cambios deben ser graduales, evitando procedimientos de urgencia. Además, las actuaciones deben ser previsibles en el sentido de que no supongan cambios drásticos respecto a la regulación anteriormente existente.

Por último, el IEE remarca que la seguridad jurídica es uno de los principales pilares del Estado de Derecho, por lo que está protegida por la Constitución de 1978, y se incluye dentro de las garantías del individuo contra la arbitrariedad de los poderes públicos y se basa en tres principios: conocimiento de la normativa vigente, calidad técnica en la elaboración y estabilidad del ordenamiento jurídico.

Y es que la seguridad jurídica pretende consolidar un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es fundamental para el progreso económico.

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