Ferrovial celebrará el próximo jueves 13 de abril la junta general ordinaria de accionistas a la que llevará el traslado de su sede social a Países Bajos, una operación que anunció de forma sorpresiva a finales de febrero y que ha generado un fuerte rechazo en el seno del Gobierno.
El grupo que preside Rafael del Pino, su principal accionista con más del 20 % del capital, someterá a votación de sus accionistas la fusión inversa de Ferrovial por parte de su filial holandesa Ferrovial Internacional (FISE), que ya aglutinaba el 86 % de los activos.
La operación está condicionada no solo al visto bueno de sus accionistas, sino a que los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos que son contrarios a este traslado no superen los 500 millones de euros.
También a que exista la certeza razonable de que las acciones podrán cotizar simultáneamente en la bolsa española y en la de Ámsterdam como paso previo a hacerlo en EEUU.
Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15 % del capital, se inclina a votar en contra del traslado social, aunque con toda probabilidad se mantendrá en el capital y no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones teniendo en cuenta que suma más de 30 millones de títulos.
Y es que, para los accionistas que voten en contra del acuerdo de fusión y deseen ejercitar el derecho de separación, Ferrovial ha fijado un precio de reembolso de 26,0075 euros por acción.
La compañía mantiene que sus principales accionistas, que excluyendo a su presidente son básicamente internacionales, señalaron la idoneidad de este traslado para potenciar el crecimiento del grupo y favorecer su cotización en EEUU.
De hecho, el fondo The Children’s Investment Master Fund (TCI) ha elevado por encima del 7 % su participación en Ferrovial después de que el grupo anunciara este cambio tras adquirir algo más de un 1 % de la compañía valorado en cerca de 191 millones.
Choque con el Ejecutivo
Ferrovial defiende que esta operación es un paso natural a su internacionalización, responde estrictamente a argumentos empresariales para competir contra los gigantes de las infraestructuras y reportará una mayor liquidez, un acceso a la financiación en mejores condiciones y una mayor capacidad para atraer inversores extranjeros.
Sin embargo, el Gobierno asegura en que tras el análisis realizado por la CNMV y BME, que han viajando a EEUU y han estado en contacto con sus contrapartes estadounidenses, no se identifica ningún factor diferencial de nuestro país respecto a otros europeos que pueda explicar la decisión de mudarse a Países Bajos para facilitar su salida a bolsa en el mercado estadounidense.
No obstante, ha pedido a la empresa que reconsidere su postura y se ha mostrado abierto a analizar si existe algún obstáculo para que Ferrovial cotice en la bolsa de Nueva York y a hacer lo posible por eliminarlo.
Ferrovial insiste en que ninguna sociedad española cotizada ha negociado nunca sus acciones en los mercados de valores de EEUU de manera directa, solo a través de ADRs, y que es uno de los motivos que justifica la operación que ha promovido.
Según el grupo, actualmente no hay ninguna estructura que habilite esa posibilidad y para crearla, al margen de eventuales cambios regulatorios, habría que dar solución a cuestiones técnicas y operativas, lo que requiere tiempo y la “voluntad de los operadores y reguladores implicados”.
Remuneraciones de los consejeros
Ferrovial también someterá a consideración de los accionistas la reelección de los consejeros Ignacio Madridejos (CEO); Philip Bowman; Hanne Birgitte Breinbjerg; Juan Hoyos Martínez de Irujo y de Gonzalo Urquijo.
Además, votará las remuneraciones de los consejeros de Ferrovial International; un sistema retributivo a largo plazo vinculado a la acción para los consejeros ejecutivos; la gestión desarrollada por el consejo; la reelección de EY como auditor; así como varios aumentos de capital con cargo a reservas mediante la emisión de nuevas acciones de 0,20 euros para el pago del “scrip dividend”.
