La gran reestructuración bancaria realizada en España después de 2012 ha tenido como consecuencia una reducción del 19% del total de sus activos.
El dato supone una disminución de 662.000 millones de euros. Sin embargo, el recorte del tamaño del sector bancario español es porcentualmente menor que la del crédito, debido al crecimiento de activos financiero de renta fija y renta variable desde 2008, según constata BBVA Research en su último informe sobre la banca a partir de datos facilitados por el Banco de España.
En concreto, el crédito al sector privado acumula ya un desplome de 543.000 millones desde 2008, lo que supone una caída del 29% y representa el 50% del PIB de España. El servicio de estudios del BBVA aprecia que el desapalancamiento del sistema se mantiene, si bien certifica que el ritmo de caída “se va moderando” desde finales de 2013.
La caída del crédito al sector privado se ha concentrado en la financiación de empresas, con una reducción acumulada del 36% desde 2008. Pese a que las caídas han sido generalizadas, la cartera de préstamos para actividades inmobiliaria se ha reducido un 61%.
En su informe sobre los bancos españoles, BBVA Research dedica también un apartado a la utilidad de la banca pública en los países desarrollados. El servicio de estudios del BBVA irrumpe en el debate político sobre algunas iniciativas, de no privatizar las entidades nacionalizadas (Bankia y BMN) para convertirlas en bancos públicos.
BBVA Research apela a la teoría económica para asegurar que las entidades públicas sólo están justificadas si existe un “fallo de mercado”, como por ejemplo ante un nivel reducido de bancarización o un bajo nivel de competencia, entre otros. Sin embargo, advierte de que se corren “riesgos importantes” que podrían arrojar pérdidas para el sector público, la expulsión del sector privado o el daño a la cultura de pagos.
Para el servicio de estudios de la entidad presidida por Francisco González, los bancos públicos juegan un “papel importante” cuando existe un fallo de mercado, siempre que cumplan los requisitos de transparencia, gestión profesional e independencia.
No obstante, alerta de que se pueden generar “importantes riesgos” para el sector bancario, las finanzas públicas y la evolución de las economías, si se introducen bancos públicos en el sistema cuando no existen fallos de mercado o se hace sin garantizar una gestión eficaz.
