El sector lácteo español afronta un debate decisivo sobre su futuro mientras continúa reduciéndose el número de explotaciones y aumenta la necesidad de garantizar una producción suficiente. La Organización Interprofesional Láctea dispone ya de un primer borrador del futuro Plan Estratégico, encargado a la Universidad de Santiago de Compostela, que servirá como punto de partida para definir el modelo productivo de los próximos años.

Las principales organizaciones agrarias reclaman que se protejan las pequeñas y medianas explotaciones familiares frente a una posible entrada de fondos de inversión y grandes empresas. La industria, por su parte, insiste en la necesidad de elevar la producción para responder al crecimiento del mercado.

El debate se produce además en un contexto de discrepancias sobre el precio de la leche en origen. En marzo, Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones denunciaron propuestas de rebajas de entre cuatro y diez céntimos por litro por parte de la industria durante la renovación de los contratos de compra de leche cruda.

El número de explotaciones se reduce a la mitad

Los datos manejados por el sector muestran una fuerte disminución del número de ganaderías. España habría pasado de 16.946 explotaciones en mayo de 2015 a 8.578 en mayo de 2026. Solo durante los últimos doce meses habrían cerrado 530 granjas, lo que equivale a una media aproximada de 1,5 cierres diarios.

A este descenso se suman los mayores costes asociados al petróleo, la electricidad y los piensos. Otro de los principales problemas es la falta de relevo generacional. El presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, asegura que más de la mitad de los titulares de las explotaciones supera los 55 años y no tiene sucesión.

Artime considera que el nuevo plan deberá aclarar qué modelo de sector se quiere desarrollar y si todos los integrantes de la cadena podrán vivir de su actividad. También recuerda que España importó durante 2025 más de un millón de toneladas de productos lácteos, por primera vez en su historia, y defiende una mayor apuesta por los productos de valor añadido.

Desde Cooperativas Agroalimentarias también advierten de que la producción se ha estabilizado en niveles preocupantes, pese al crecimiento de la demanda. Su representante Daniel Ferreiro reclama mantener los efectivos productivos y garantizar unos niveles de rentabilidad que eviten que los ganaderos abandonen la actividad.

Los datos reflejan, no obstante, un incremento reciente de la producción. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la cantidad de leche recogida pasó de 616.900 a 660.000 toneladas.

La producción destinada al consumo directo aumentó de 414.280 a 446.020 toneladas. Los yogures y otras leches acidificadas pasaron de 92.980 a 111.100 toneladas, mientras que el queso de cabra sin mezcla avanzó de 16.300 a 19.100 toneladas. El único producto que no registró crecimiento fue la leche concentrada.

El consumo también mantiene una presencia elevada en España. Los productos lácteos llegan al 100% de los hogares, generan un gasto medio anual de 529 euros y están presentes en uno de cada dos momentos de consumo fuera del desayuno.

Las organizaciones agrarias rechazan un modelo dominado por fondos

Uno de los principales puntos de discusión es la posible transformación de las explotaciones familiares en estructuras gestionadas por fondos de inversión o grandes multinacionales.

COAG teme que las granjas pasen a ser dirigidas por inversores que subcontraten la mano de obra, dando lugar a explotaciones más grandes, endeudadas y dependientes de terceros. La organización considera que este modelo podría agravar la despoblación rural y reducir la autonomía de los productores.

UPA también rechaza que el futuro del sector dependa de las macrogranjas y defiende el desarrollo de explotaciones competitivas, rentables y vinculadas al territorio. Además, pide sistemas de contratación transparentes que protejan a todos los participantes de la cadena.

Las organizaciones agrarias sostienen que el debate no debe centrarse únicamente en cuánto se producirá, sino en quién será el propietario de las explotaciones y en qué condiciones trabajarán los ganaderos.

Entre las propuestas planteadas figuran la garantía de precios que cubran los costes reales de producción, una reducción de la burocracia, una mayor protección frente a ofertas consideradas de mala fe y la creación de servicios colectivos de sustitución que permitan a los ganaderos disponer de periodos de descanso.