La guerra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con Iberdrola aumenta de grado. La española ha demandado ante un tribunal internacional a la empresa pública mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la puesta en marcha de la central de ciclo combinado Topolobampo III, según recoge el diario mexicano Expansión.
La planta ya está construida, pero aún no ha entrado en operación comercial porque Iberdrola no ha recibido los documentos que autorizan su puesta en marcha.
El objetivo del arbitraje —iniciado en marzo—es que la planta comience a funcionar de inmediato. Estaba previsto comenzara a operar en diciembre de 2020. Todavía no está en marcha porque CFE ha condicionado su funcionamiento a que la española pague una multa de 16 millones de dólares por retrasos en la construcción, según un documento dictado por el periódico mexicano.
En su procedimiento de arbitraje, Iberdrola solicita la desestimación de la multa ya que, en su opinión, el retraso en la construcción se debió a causas de fuerza mayor.
Además, exige que CFE le pague unos 10 millones de dólares por gastos, daños y perjuicios por el retraso en la entrada en funcionamiento de la central de ciclo combinado, con una capacidad de 779 MW para vender electricidad a la empresa pública mexicana.
Puede generar esa energía con sus dos turbinas de gas y una de vapor. La construcción de la planta fue otorgada en marzo de 2017, cuando todavía estaba en el poder el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ley anti-Iberdrola suspendida por la justicia
Entre otros intentos por perjudicar las operaciones de Iberdrola en México, el presidente aprobó en marzo de este año un decreto que daba prioridad a los combustibles fósiles sobre las renovables a la hora de distribuir energía a través de la infraestructura eléctrica.
Esta medida, sin embargo, fue declarada inconstitucional en noviembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial de México. El decreto obstaculiza la libre competencia al impedir que los operadores de energías limpias entren en el mercado de la generación de electricidad, según dijo la sentencia de la Suprema Corte.
El objetivo del decreto era favorecer a CFE, ya que genera la mayoría de su energía con combustibles fósiles. De esta manera se aseguraría que toda la energía generada por CFE entraría en el sistema.
De momento, Topolobampo III es sólo la última de las disputas de Iberdrola con el gobierno de López.
Se espera que las relaciones con el gobierno sigan tensas al menos hasta 2024, cuando se celebren las próximas elecciones. La Constitución mexicana no permite la reelección, por lo que el presidente no podrá volver a presentarse.
