El sector de alquiler se ve sometido a una nueva legislación desde principios de marzo, el Gobierno aprobó un real decreto ley para intervenir el mercado del alquiler modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Este nuevo real decreto tiene como objetivo atajar el problema de acceso a la vivienda en alquiler y dar mayores garantías a los inquilinos, pero según opiniones de alquiler de expertos y empresas del sector, puede acabar teniendo justo el efecto contrario.
Entre otras medidas, destacan la ampliación de la duración de los contratos, la reducción de las fianzas y la limitación de las subidas de precios anuales al IPC, lejos de dinamizar la oferta, lo que puede incentivar es que los propietarios no pongan sus propiedades en alquiler, reduciendo así la oferta y aumentando los precios, alertan desde el sector.
Blackstone, el mayor propietario inmobiliario nacional, sostiene que “la mayor duración de los contratos (que pasan de tres a cinco años, o a siete años si el arrendador se tratase de una persona jurídica) así como la obligación de que la revisión anual, durante la vigencia del contrato, no supere la subida del IPC (algo que antes se dejaba a libre elección de las partes) puede suponer también una subida repentina de los precios de salida”
El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, opina sobre el alquiler que “los precios de los alquileres podrán bajar cuando se aumente considerablemente la oferta de viviendas destinadas al alquiler, tanto pública como privada, y no mediante un índice de precios que, entre otras muchas cosas, no tiene en cuenta el estado de la vivienda”.
“El nuevo intento del Gobierno por regular el alquiler cae en el mismo error de base que el de diciembre: en vez de aprobar medidas eficaces que busquen el aumento significativo de la oferta para moderar los precios, se mete a regular lo que tienen que hacer los propietarios. Muchos de ellos pueden verse tentados a sacar sus viviendas del alquiler. La discriminación de los propietarios puede reducir la oferta y aumentar los precios”, ha argumentado Fernando Encinar, confundador y jefe de estudios de la compañía Idealista
