El precio actual de Bankia desincentiva su privatización

El precio actual de Bankia desincentiva su privatización

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha reconocido que el precio actual de la acción de Bankia “desincentiva claramente” una venta de la entidad “a corto plazo”, por lo que considera “positivo” que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido ampliar el plazo para su privatización hasta finales de 2021.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido este jueves para dar cuenta de las cuentas proyectadas para 2019 en su organismo, ha defendido que esta decisión es “fácilmente” comprensible y que, en todo caso, no impide “continuar con la estrategia de desinversión”, pero “a medio plazo”.

Ponce ha recordado que el Estado, que participa mayoritariamente en Bankia a través del FROB, ya ha vendido dos paquetes de acciones, uno en 2014 por 1.300 millones de euros, y otro a finales de 2017 por valor de otros 742 millones.

“Honestamente, no sabemos cuánto vamos a recuperar”, ha reconocido Ponce, ante el interés de varios diputados que buscan saber cuánto será posible salvar de los cerca de 60.000 millones de euros empleados en el sector financiero durante la crisis.

El presidente del FROB ha destacado que la cotización de esta entidad es ahora “verdaderamente baja”, lo que limita conocer cuánto va a poder recuperarse. En este sentido, ha dicho que ahora estaría valorada por el mercado en “algo menos de 5.000 millones de euros”, pero que en el momento de vender el primer paquete de acciones esta cantidad estuvo “cerca de un 40% más”.

Por el momento, el dinero recuperado del rescate al sector financiero se queda en el 10% de lo invertido, unos 5.900 millones de los 59.000 millones de euros, en los que se incluyen inyecciones a entidades de capital, como los 2.200 millones a la Sareb y 2.500 millones de estimación de pérdidas en garantías.

De esta estimación de pérdidas, ha explicado Ponce, “buena parte ya han sido liquidadas”, ya que faltarían unas 700 millones de euros de pérdida estimada, que principalmente se corresponden con los 500 millones de euros del único Esquema de Protección de Activos (EPA) que queda ‘vivo’, el concedido a CaixaBank por la adquisición del Banco de Valencia.

Ponce ha defendido que estas garantías fueron concedidas a los compradores de entidades rescatadas en su privatización con el fin de “paliar la asimetría de información de ventas” y mejorar “la puja” por estas cantidades, una opción que ha calificado como “claramente razonable”.

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