La gran banca comenzará a revisar su política de precios en la comercialización de las hipotecas, con el fin de adelantarse al posible escenario en el que a las entidades financieras les corresponda pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.

El alto tribunal interpretó el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento, y ha concluido que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como su jurisprudencia anterior sostenía), sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Sin embargo, el pasado viernes, el Tribunal Supremo decidió convocar el Pleno para confirmar o anular la jurisdisprudencia recogida en dicha sentencia, por tratar la decisión de un “giro radical” y habida cuenta de “su enorme repercusión económica y social”.

Aunque la nota enviada por la Sala Tercera del Supremo indica que existe una gran incertidumbre regulatoria, las principales entidades bancarias de España están analizando la posibilidad de incrementar los precios de las hipotecas a comercializar.

Esta decisión se debe a que, si el sector ya cuenta con una estrecha rentabilidad dado el entorno de tipos de interés en mínimos históricos o una elevada competitividad comercial, entre otros aspectos, el tener que asumir un nuevo impuesto que hasta ahora lo venía abonando el cliente es un golpe duro a su cuenta de resultados.

Sin embargo, el sector aún no tiene certeza de nada. El ‘vacío’ legal en el que se encuentran las entidades llega después de que el alto tribunal haya revisado su criterio con respecto a este impuesto hasta en dos ocasiones.