BME: la aprobación de la ‘tasa Tobin’ es una “mala noticia” para empresarios e inversores

BME: la aprobación de la 'tasa Tobin' es una "mala noticia" para empresarios e inversores

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha señalado que la aprobación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido popularmente como ‘tasa Tobin‘, es una “mala noticia” para los empresarios, los intermediarios y los inversores.

Estas declaraciones han sido ofrecidas por fuentes del operador de Bolsa a la agencia de noticias Europa Press, tras la aprobación del pasado viernes por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que gravará al 0,2 por ciento las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solamente se someterán a la tributación del 0,2 por ciento las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

A pesar de que se ha dado a conocer que las operaciones en mercado primario (OPV o OPS) no van a estar sujetas a este impuesto, ni tampoco la deuda, tanto la pública como la privada, los analistas de BME han señalado que la ‘tasa Tobin’ podría convertirse en una amenaza sobre las cotizadas españolas.

La semana pasada, con motivo del acuerdo fijado entre el Gobierno y Unidos Podemos que incluía la imposición de esta tasa, el gestor de las bolsas españolas ya trasladó su preocupación, al considerar que esta medida podría traer como consecuencia una distorsión en la distribución de la propiedad de las empresas cotizadas, cuyo 46% se encontraba en manos de inversores extranjeros al cierre del año 2017 y podría poner en cuestión el atractivo de las mismas.

BME ha destacado que “en un entorno tan global y competitivo como el actual, esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno”.

En concreto, el operador de Bolsa considera que este nuevo impuesto puede suponer una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías de España, arietes fundamentales de la competitividad exterior de la economía.

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