El Banco Central Europeo (BCE) podría imponer sanciones a los bancos de la eurozona que incumplieran la normativa dirigida a conseguir la estabilidad financiera. 

El segundo informe anual sobre la supervisión del BCE, el primero que recoge un ejercicio completo de actividad, anticipa futuros castigos a las entidades que se aparten de la senda normativa marcada en aras de la estabilidad financiera.

“Tras la fase inicial del MUS, dedicada a conocer la situación prudencial de las entidades supervisadas, cabe esperar que las posturas del BCE para el siguiente ciclo lleven a un mayor uso de sus potestades sancionadora y ejecutiva”, advierte la división encabezada por Danièle Nouy.

En su papel de vigilante del cumplimiento de las normas y de la buena conducta, el BCE ha establecido un mecanismo de denuncia de infracciones (BRM, por sus siglas en inglés) que incluye una plataforma a la que se puede acceder desde la página web de supervisión.

El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE ha informado que la cuantía de sus multas puede alcanzar el 10% de los ingresos anuales de la entidad financiera, así como el doble del beneficio obtenido -o de la pérdida evitada- al cometer la infracción.

En 2015, el organismo inició un procedimiento sancionador contra un banco por infringir la legislación de la UE y solicitó la apertura de otros dos a autoridades nacionales competentes.

También inició un procedimiento de ejecución contra otra entidad por ignorar una de sus decisiones de supervisión.

Las infracciones que aborda la institución, con sede en Fráncfort, como paso previo a imponer sanciones firmes tienen que ver con la gobernanza, los grandes riesgos, los requerimientos de capital, la divulgación pública de información y las obligaciones de presentar información.

Durante 2015, el BCE recibió 79 denuncias de infracciones, de las que 60 eran contra la legislación de la UE. De éstas, 51 entraban en su ámbito de supervisión y otras nueve recaían en el de las autoridades nacionales competentes. El resto se referían a cuestiones locales fuera de las competencias de estos supervisores como, por ejemplo, la protección de los consumidores.