Según cálculos efectuados por el supervisor de las cuentas españolas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el coste de los intereses de la deuda caerá este año un 15%, hasta los 25.800 millones de euros.

Se trata de su nivel más bajo desde el 2010, cuando se desató la crisis griega que más tarde contagió a nuestro país, y baja un 22% desde los máximos del año 2014, cuando el Estado tuvo que pagar más de 33.000 millones de euros por este capítulo.

Pese a que la partida sigue siendo la segunda más cuantiosa de los Presupuestos Generales del Estado -tras la dedicada a pensiones, que supera los 144.000 millones-, la reducción es la más intensa de los últimos ejercicios gracias a dos factores.

El primero de ellos, la recuperación de la confianza internacional en España, reflejada en la mejora de nota que le han otorgado las cuatro grandes agencias de calificación en los últimos tiempos –Standard & Poor’s y Fitch, de hecho, han vuelto a colocar al país en la zona A, equivalente a notable.

Por otra parte, las políticas de estímulos del Banco Central Europeo (BCE), que siguen presionando a la baja los tipos de interés y ayudan nuestras finanzas por séptimo año consecutivo. El cambio de tendencia se produjo en 2012, meses después del rescate a la banca española, cuando Mario Draghi aseveró que haría “todo lo posible” por salvar al euro, y prosiguió con el programa de compra de activos.

El Tesoro Público sigue emitiendo deuda sin ningún tipo de problema mientras logra lo impensable: financiarse en negativo -cobrando por ello- en subastas a corto y medio plazo, de hasta tres años. Esta cuestión resultaba una utopía hace ahora un lustro, cuando desde España apreciábamos como exótico que Alemania, máximo exponente europeo de la solvencia, sacaba alguna emisión a tipos por debajo de cero.

El bono a 10 años, valor de referencia en los mercados, cotiza en niveles históricamente bajos, por debajo del 1,3%, pese al repunte de los últimos quince días. Esa barrera contrasta con la que se aplicaba en los días posteriores al referéndum del 1-O, del 1,8%; y aún más con las reflejadas durante lo más duro de la crisis, casi siempre por encima del 5% y, en días puntuales, incluso sobre el 6 y el 7%. El récord se produjo en julio de 2012, cuando llegó a cotizar al 7,48%, un nivel calificado de insostenible.