El consejo de administración de Abanca ha convocado junta general ordinaria de accionistas, que examinará y aprobará, en su caso, el reparto de 315,4 millones de euros como dividendo.

En la junta del pasado año, los accionistas aprobaron por unanimidad un dividendo a cuenta también de 315 millones de euros.

De hecho, el consejo de administración de Abanca ya acordó el pasado abril un nuevo pago de dividendos a sus accionistas por importe total bruto de 61,18 millones de euros, a cuenta de los beneficios del ejercicio 2017.

El Grupo Banesco, presidido por Juan Carlos Escotet, se adjudicó el 88,33% del capital de Novagalicia Banco (NCG) –resultado de la fusión y bancarización de las antiguas cajas de ahorro– por 1.003 millones de euros en diciembre de 2013, una cantidad que ya ha abonado al FROB, antes del tiempo fijado. Desde aquel año, ya con Abanca, el consejo de la entidad aprobó dividendos tanto en 2016 como en 2017 por un valor superior a los 300 millones.

En el encuentro también examinarán las cuentas anuales de Abanca Corporación Bancaria y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2016.

Unas cuentas que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, y que el pasado año reflejaron un beneficio neto de 333,6 millones de euros, un 1,1% más que en 2015.

El tercer apartado es el relativo a la aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2016, mientras que el cuarto abordará la reelección de auditor de cuentas de Abanca Corporación Bancaria y de su grupo consolidado.

El orden del día recoge en su quinto punto el nombramiento y ratificación de consejeros, aspectos sobre el sistema de retribución en el sexto y la ratificación de la política de operativa con instrumentos propios de capital en el séptimo.

En octavo puesto figura la información a la junta general sobre las modificaciones del reglamento del consejo de administración, y en noveno, la autorización al consejo de administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten por la junta general, así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.