El Banco de Inglaterra (BoE) ha hecho un llamamiento a las entidades financieras con operaciones en Reino Unido, solicitando que informen al regulador sobre sus planes de contingencia frente al ‘Brexit‘.

Esta solicitud tiene como objetivo asegurar que están preparadas ante toda la gama de posibles desenlaces y mitigar los riesgos que puede generar la desconexión británica de la Unión Europea sobre la estabilidad financiera.

Durante un discurso pronunciado en Londres, el gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, ha informado que la Agencia de Regulación Prudencial (PRA), el regulador financiero británico, ha solicitado por escrito a todas las firmas con actividad transfronteriza entre Reino Unido y Europa -incluidos bancos estadounidenses establecidos en Londres para sus operaciones europeas y entidades comunitarias con actividad en las islas- que le notifiquen antes del próximo 14 de julio sus planes para afrontar el ‘Brexit’.

“El objetivo principal de esta carta es asegurar que las entidades están desarrollando, y son capaces de ejecutar en el periodo de tiempo adecuado, planes de contingencia para afrontar todos los escenarios posibles”, afirmó Carney, que agregó que el comité de política monetaria del BoE supervisará el proceso.

Carney también ha incidido en que la UE y Reino Unido se encuentran en una posición “ideal” para establecer un sistema regulatorio de respeto mutuo entre ambos sistemas que esté respaldado por una normativa mínima común y una cooperación abierta.

“Estos compromisos podrían reforzarse mediante exámenes independientes entre ambos y un nuevo mecanismo independiente de resolución de disputas”, sugirió el gobernador del Banco de Inglaterra, que señaló que el devenir de las negociaciones del ‘Brexit‘ serán una “prueba decisiva” para una globalización financiera “responsable”.

El pasado 28 de marzo, la primera ministra británica, Theresa May, firmó el documento que abre formalmente el camino para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), según una fotografía distribuida.

El documento, en el que se invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, debía ser enviado a Bruselas.

El artículo 50 del Tratado de la UE establece los pasos para la salida de un país del bloque: el Gobierno en cuestión notifica la intención al Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno deciden las directrices para la retirada, la Comisión Europea u otro gremio negocia con el país las particularidades de la salida, los restantes países de la UE aprueban el convenio por mayoría cualificada.